Novedades doctrinales del Tribunal Supremo que cambian las reglas de la derivación de responsabilidad

Fachada del Tribunal Supremo de España en Madrid

Ser administrador puede ser un indicio de responsabilidad tributaria, pero ya no basta por sí solo para exigir el pago de las deudas tributarias de la sociedad. El Tribunal Supremo refuerza la necesidad de prueba de la culpa, la motivación individual, la prescripción y el orden legal de cobro.

NURIA QUERALT SOLARI
Abogada senior del equipo Fiscal

Durante años, la derivación de responsabilidad tributaria a los administradores se ha utilizado por la adminstracion tributaria como una vía procedimental dirigida a obtener el cobro de deudas de sociedades que han devenido insolventes. Sin embargo, la condición formal de administrador de una sociedad no convierte a una persona en garante universal de todas las obligaciones fiscales de la empresa.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en 2025 y 2026 consolidan un marco de garantías en estos expedientes de derivación de responsabilidad a administradores concluyendo que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) debe acreditar su conducta culpable, explicar individualmente la imputación, respetar la prescripción y seguir el orden de cobro previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

Fin de los automatismos

En 2026 se ha consolidado la jurisprudencia según la cual no corresponde al administrador demostrar su inocencia.

El Tribunal Supremo (TS) entiende que una derivación basada únicamente en el cargo, en la deuda de la sociedad y en la sanción impuesta a esta, vulnera la presunción de inocencia porque invierte indebidamente la carga de la prueba.

El TS establece que en el ámbito de las declaraciones de responsabilidad subsidiaria del artículo 43.1.a) LGT está prohibida la responsabilidad objetiva, y que corresponde a la AEAT acreditar la culpabilidad del administrador. La continuidad de este criterio reduce el margen para acuerdos basados en fórmulas genéricas o en la mera posición societaria.

En definitiva, afirma que para poder derivar responsabilidad la administración debe probar que el administrador actuó con dolo o, al menos, negligencia y que su conducta activa u omisiva permitió el incumplimiento tributario.

Cese de actividad y responsabilidad del administrador.

El simple cese de la actividad de la sociedad y la existencia de deudas pendientes no permiten presumir la responsabilidad.

Aunque puedan ser relevantes hechos probados como: abandonar la sociedad sin ordenar la contabilidad, ocultar activos o favorecer selectivamente a otros acreedores, la jurisprudencia del TS1, exige que se acredite la conducta negligente al artículo 43.1.b) LGT.

La Administración debe identificar qué obligación propia del cargo se incumplió y por qué esa omisión dificultó o impidió el pago.

La clave es que tanto en el artículo 43.1.a) como en el artículo 43.1.b) LGT (aunque el fundamento y los presupuestos de cada supuesto no sean idénticos) se exige analizar la conducta real del administrador.

Prescripción y declaración de fallido

Novedosos han sido los pronunciamientos2 en materia de cómputo de prescripción y declaración de fallido, sobre todo en supuestos en los que la sociedad deudora principal se haya declarado en concurso, de manera que, si un informe concursal ya revela que no existen bienes suficientes, la administracion tributaria no puede demorar sin justificación la declaración de fallido para prolongar así sus posibilidades de derivación.

Por ello deben revisarse los artículos 66, 67, 68 y 176 LGT y las actuaciones con posible efecto interruptivo.

La doctrina jurisprudencial impide utilizar una declaración formal de fallido tardía para retrasar artificialmente el inicio de la prescripción cuando la AEAT ya conocía o podía conocer la insolvencia total.

La consecuencia de lo anterior es que el inicio del plazo para computar la prescripción depende del momento en que la insolvencia queda objetivamente acreditada conforme al principio de actio nata. Con carácter general puede coincidir con el auto de conclusión del concurso, salvo que informes o actuaciones anteriores evidencien ya una insuficiencia patrimonial bastante.

Sociedades extinguidas, socios sucesores, y orden de cobro.

La nueva doctrina3 protege el beneficio de excusión y el derecho de reembolso del eventual responsable, sin eliminar la responsabilidad cuando se respetan los trámites y concurren los restantes requisitos del artículo 43 LGT.

Hacienda no puede dirigirse directamente contra el administrador cuando la sociedad ya ha sido disuelta, liquidada y extinguida.

El fundamento es que si las obligaciones tributarias transmisibles pasan ope legis a los socios o partícipes conforme al artículo 40.1 LGT, la recaudación debe continuar frente a ellos según el artículo 177.2 LGT, declarar fallida a una sociedad que ya carece de existencia jurídica resulta ineficaz

La AEAT debe determinar el alcance exigible, intentar el cobro y, en su caso, declarar fallidos a los sucesores antes de acudir al administrador subsidiario, por lo que orden legal de reclamación seria: sociedad extinguida; socios o sucesores; exigencia de la deuda; declaración de fallido; y posible derivación al administrador.

Integridad del expediente

También en materia de integridad del expediente, la jurisprudencia del TS refuerza las garantías del declarado responsable. Este tiene derecho a conocer el origen de la deuda y a disponer de los documentos necesarios para discutir los presupuestos de la derivación. Un expediente incompleto puede causar indefensión material.

En aplicación de esta garantía, el TS4 ha anulado una derivación porque la Administración no incorporó al expediente todos los antecedentes de la comprobación.

Si has recibido un acuerdo de derivación de responsabilidad tributaria —o prevés que la Administración pueda iniciarlo—, una revisión temprana del expediente puede ser decisiva para identificar defectos de motivación, problemas de prescripción o incumplimientos del orden legal de cobro.

En LIFE Fiscal podemos asesorarte en el análisis de la modalidad de responsabilidad aplicada y en la preparación de una estrategia de defensa ajustada a las circunstancias concretas del caso.


1 STS de 17 de julio de 2025 (rec.5815/2023).

2 STS de 30 de abril y 23 de junio de 2026 (rec. 122/2024 y 3394/2024, respectivamente).

3 STS de 18 de junio de 2026 (rec. 8953/2023).

4 STS de 18 de marzo de 2026 (rec. 945/2024).

Imagen destacada: Javier Perez Montes / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Fotografía redimensionada para uso web.

Preguntas frecuentes

¿Puede Hacienda derivar una deuda tributaria a un administrador por el mero hecho de serlo?

No. La mera condición de administrador no basta para declarar su responsabilidad tributaria. En los supuestos del artículo 43.1.a) de la Ley General Tributaria, corresponde a la Administración acreditar la culpabilidad del administrador y demostrar que actuó con dolo o, al menos, negligencia, mediante una conducta activa u omisiva que permitió el incumplimiento tributario.

No. El simple cese de actividad y la existencia de deudas pendientes no permiten presumir la responsabilidad del administrador. La Administración debe analizar su conducta concreta, identificar qué obligación propia de su cargo incumplió y explicar por qué dicha actuación u omisión dificultó o impidió el pago de la deuda tributaria.

La jurisprudencia impide utilizar una declaración formal de fallido tardía para retrasar artificialmente el inicio de la prescripción cuando la Administración ya conocía, o podía conocer, la insolvencia total del deudor. El inicio del cómputo dependerá del momento en que esa insolvencia quede objetivamente acreditada.

Según la doctrina del Tribunal Supremo, no puede hacerlo directamente. Cuando las obligaciones tributarias transmisibles pasan a los socios o partícipes conforme al artículo 40.1 LGT, la recaudación debe continuar frente a ellos de acuerdo con el artículo 177.2 LGT. La AEAT debe determinar el alcance exigible, intentar el cobro y, en su caso, declarar fallidos a los sucesores antes de acudir al administrador como responsable subsidiario.

El declarado responsable tiene derecho a conocer el origen de la deuda y a disponer de la documentación necesaria para discutir los presupuestos de la derivación. Un expediente incompleto puede provocar indefensión material. El Tribunal Supremo ha anulado derivaciones porque la Administración no incorporó al expediente todos los antecedentes de la comprobación.

Sí. El acuerdo de derivación debe identificar el supuesto legal de responsabilidad aplicado y expresar los elementos que justifican que la deuda pueda exigirse al declarado responsable.

La motivación es especialmente relevante porque permite al interesado conocer las razones de la derivación y ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

Con carácter general, sí. Al impugnar un acuerdo de derivación, el responsable puede cuestionar el presupuesto de hecho que determina su responsabilidad y las liquidaciones a las que alcanza, dentro de los límites establecidos por la Ley General Tributaria.

Por tanto, la defensa no tiene por qué limitarse exclusivamente a discutir la condición de responsable.

La declaración de responsabilidad está sometida a un procedimiento específico y a determinadas garantías. Los defectos que afecten a aspectos esenciales, como la audiencia, la motivación o los presupuestos legalmente exigidos para declarar la responsabilidad, pueden ser objeto de impugnación.

La consecuencia jurídica dependerá de la naturaleza y relevancia del defecto producido.

Sí. El derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas tributarias está sujeto a los plazos de prescripción previstos en la Ley General Tributaria.

En los procedimientos de derivación resulta esencial analizar las fechas y las posibles actuaciones con efectos interruptivos, ya que el cómputo de la prescripción dependerá de las circunstancias concretas del supuesto.

Sí, cuando concurran los requisitos establecidos legalmente. La presentación de un recurso o reclamación no implica necesariamente que Hacienda deje de exigir la deuda, por ello, si se pretende paralizar su cobro mientras se resuelve la impugnación, debe analizarse el régimen de suspensión aplicable (según se deriven liquidaciones o sanciones) y, en su caso, las garantías exigibles.

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