Tax lease audiovisual: una oportunidad de inversión con ventajas fiscales

Claqueta de rodaje durante la producción de una película, ilustración del tax lease audiovisual

¿Y si tu próxima oportunidad de optimización fiscal estuviera en la financiación de una película o una serie? El tax lease audiovisual permite a determinados contribuyentes acceder a incentivos fiscales mientras contribuyen a financiar producciones audiovisuales españolas.

En esta circular te explicamos en qué consiste este mecanismo, quién puede beneficiarse de él y qué aspectos conviene tener en cuenta para aprovechar sus ventajas fiscales.

ALBERTO SANCHO y ANA MIGUEL IZQUIERDO
Abogados senior del equipo Fiscal

La financiación de producciones cinematográficas y series españolas puede ofrecer oportunidades de ahorro fiscal en forma de deducciones a empresas y a personas físicas que desarrollen actividades económicas en estimación directa.

El mecanismo conocido como tax lease audiovisual permite al financiador, siempre que se cumplan los requisitos legales, aplicar la deducción fiscal generada por el productor de una obra audiovisual española sin participar directamente en su producción.

La rentabilidad de la operación depende de la estructura, los gastos elegibles, los límites y del cumplimiento de determinadas formalidades. Además, Canarias dispone de incentivos específicos y, en determinadas operaciones, la participación en una Agrupación de Interés Económico (AIE) puede constituir una alternativa a la financiación directa en este tipo de proyectos.

En Life Fiscal analizamos estas posibilidades para determinar qué estructura encaja mejor en cada caso y qué condiciones deben cumplirse para aplicar la deducción con seguridad jurídica.

¿Qué es el tax lease audiovisual y cómo funciona el contrato de financiación?

El tax lease audiovisual es un mecanismo de financiación previsto en el artículo 39.7 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), que permite a un tercero financiar una producción audiovisual española y aplicar, si cumple los requisitos legales, la deducción generada por el productor.

Para entender su funcionamiento, deben distinguirse dos deducciones vinculadas:

  • Deducción del productor (artículo 36.1 LIS): la genera la producción y se calcula sobre los costes elegibles, conforme a los porcentajes y requisitos legales.
  • Deducción del financiador (artículo 39.7 LIS): permite a quien financia la producción aplicar esa deducción dentro de los límites legales y en función de su aportación.

Por tanto, la deducción aplicable por el financiador depende de la deducción generada por el productor. Ahora bien, su aplicación no deriva automáticamente de la mera aportación de fondos ni de la firma del contrato, sino que exige el cumplimiento de los requisitos legales, materiales, temporales y documentales que analizaremos a continuación.

Entre otros aspectos, debe comprobarse que los fondos se destinan a costes de producción o a determinados gastos de copias, publicidad y promoción. Además, la financiación no atribuye al financiador derechos sobre la producción, que permanecen en el productor.

Este mecanismo también debe distinguirse de otras fórmulas de inversión, como la participación en una AIE que intervenga efectivamente en la producción.

¿Qué deducción fiscal puede obtener el financiador a través del contrato de financiación?

Conforme al artículo 39.7 LIS, el financiador puede aplicar una deducción de hasta el 120 % de las cantidades aportadas.

Para determinar el importe que puede aportar, es necesario calcular previamente la deducción generada por el productor conforme al artículo 36.1 LIS, que es la siguiente:

  • 30 % sobre el primer millón de euros de la base de deducción.
  • 25 % sobre el importe restante de la base de deducción.

La base de cálculo comprende los costes de producción y, dentro de los límites legales, los gastos de copias, publicidad y promoción asumidos por el productor. Al menos el 50 % de dicha base debe corresponder a gastos realizados en España1.

Una vez calculada la deducción generada por el productor, puede determinarse la aportación del financiador y la parte de la deducción que este podrá aplicar. Como anticipábamos, esta última no podrá superar ni la deducción disponible ni el citado límite del 120 % de las cantidades aportadas2. El exceso que no pueda aplicar el financiador podrá aplicarlo el productor, de acuerdo con la norma.

El límite del 120 % no garantiza una rentabilidad neta del 20 %. Debe analizarse el tratamiento contable y fiscal de la operación en sede del financiador, ya que la tributación del beneficio económico obtenido reduce la rentabilidad efectiva.

Ejemplo. Una producción con una base de deducción de 2 millones de euros genera una deducción teórica de 550.000 euros (300.000 euros por el primer millón y 250.000 euros por el resto). A partir de esa deducción disponible, si el financiador aporta 450.000 euros, podrá aplicar una deducción de hasta 540.000 euros, equivalente al 120 % de su aportación, siempre que se cumplan los requisitos y límites legales.

Antes de invertir, por tanto, deben comprobarse la deducción generada por la producción —que condiciona el importe de la financiación—, la capacidad efectiva del financiador para aplicarla y el resultado económico y fiscal de la operación.

¿Qué requisitos deben cumplirse para aplicar la deducción?

Como adelantábamos, la aportación económica no basta: el artículo 39.7 LIS exige condiciones materiales, temporales y documentales.

Los principales requisitos son:

  • Destino. Los fondos deben financiar costes de producción o gastos elegibles de copias, publicidad y promoción.
  • Contrato. Debe identificar a las partes y la obra, e indicar el presupuesto y la financiación.
  • Ausencia de vinculación. Productor y financiador no pueden estar vinculados en los términos del artículo 39.7 LIS.
  • Acreditación. Deben obtenerse los certificados exigibles de nacionalidad y carácter cultural y depositarse una copia en la filmoteca competente.
  • Comunicación. Productor y financiador deben presentar conjuntamente, en plazo, el contrato y la documentación exigida.

También deben revisarse el momento de aplicación, los límites generales y la trazabilidad de los fondos.

La revisión previa de estos elementos es esencial: una operación puede estar bien planteada desde el punto de vista económico y, sin embargo, presentar riesgos fiscales si no cumple los requisitos legales o documentales.

¿Puede una producción en Canarias ofrecer mayores ventajas fiscales?

Las producciones españolas que cumplen los requisitos del régimen canario pueden aplicar una deducción superior, conforme a la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Los porcentajes pueden alcanzar el 54 % sobre el primer millón de euros y el 45 % sobre el resto, además de un límite máximo superior. Su aplicación debe verificarse según la normativa vigente y cada producción.

Estos porcentajes pueden trasladarse al financiador del artículo 39.7 LIS si se cumplen los requisitos de la producción y de la financiación.

Ahora bien, rodar en Canarias no basta, por sí solo, para acceder al incentivo. Es necesario verificar que la producción y la estructura empresarial cumplen las condiciones del régimen fiscal canario, así como los requisitos específicos de la deducción audiovisual.

Por ello, antes de comprometer fondos conviene revisar la localización efectiva de la producción, la entidad productora, los gastos realizados y la estructura jurídica de la operación.

¿Es posible invertir a través de una AIE? ¿En qué se diferencia de la financiación directa?

Sí. La participación en una AIE puede ser otra vía para acceder a incentivos fiscales vinculados a una producción audiovisual, pero no equivale a financiar directamente a un productor conforme al artículo 39.7 LIS.

En la financiación directa, el contribuyente aporta fondos y puede aplicar la deducción generada por el productor dentro de los límites legales. En cambio, cuando una AIE interviene efectivamente en la producción y cumple los requisitos de su régimen fiscal especial, puede aplicar la deducción como productora. Los socios pueden beneficiarse de los resultados fiscales que les sean atribuidos conforme a las reglas de tributación de estas entidades.

Aunque el efecto económico puede ser similar en cuanto a que los inversores acceden a incentivos fiscales vinculados a la producción, la vía jurídica es distinta: en la AIE, los socios no aplican la deducción por ser financiadores del artículo 39.7 LIS, sino por su participación en una entidad que desarrolla la actividad de producción y les atribuye los resultados fiscales correspondientes.

La AIE debe participar realmente en la producción. Para valorar la operación han de analizarse su intervención, responsabilidades, inversión, gestión y cumplimiento de los requisitos fiscales y audiovisuales.

Principales riesgos prácticos

Aunque se trata de un incentivo atractivo, la deducción por producciones audiovisuales no debe plantearse como una simple «compra de cuota fiscal». Su aplicación ha sido objeto de actuaciones de comprobación y de pronunciamientos administrativos y judiciales que ponen de manifiesto la importancia de la realidad y la sustancia de la operación.

En LIFE Fiscal podemos ayudarte a determinar si este mecanismo de financiación encaja en tu caso, revisar la documentación de la producción, analizar sus implicaciones y riesgos fiscales, calcular tu capacidad real para aplicar la deducción y acompañarte en la formalización y comunicación de la operación ante la Administración tributaria, con el objetivo de aprovechar sus ventajas con seguridad jurídica.


1 Además, La deducción del productor, junto con las demás ayudas percibidas, no puede superar, con carácter general, el 50 % del coste de producción, aunque la ley prevé excepciones que deben analizarse en cada caso.

2 Además, la deducción que puede aplicarse cada año está sujeta al límite conjunto sobre la cuota del contribuyente. Con carácter general, este límite es del 25 % de la cuota íntegra ajustada positiva, aunque puede elevarse al 50 % si se cumplen los requisitos legales. La parte que no pueda aplicarse por este límite podrá deducirse en ejercicios posteriores dentro del plazo legal.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa tax lease en España?

El tax lease es una fórmula de financiación que permite a un contribuyente acceder a determinados incentivos fiscales mediante su participación en una operación de inversión. En el ámbito audiovisual, el artículo 39.7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades permite al financiador aplicar, bajo ciertos requisitos, la deducción generada por una producción cinematográfica española.

El financiador aporta fondos para cubrir determinados costes de producción y puede aplicar la deducción fiscal correspondiente, siempre que se cumplan los requisitos legales y documentales. No adquiere por ello los derechos sobre la película, que permanecen en el productor.

Sí. Una empresa puede aplicar la deducción que le corresponda por financiar una producción audiovisual española, dentro de los límites legales. El beneficio efectivo dependerá de la deducción atribuida, de su situación tributaria y de que se cumplan los requisitos exigidos.

El tax lease audiovisual se vincula a la deducción por inversiones en producciones cinematográficas españolas del artículo 36.1 LIS, a través del mecanismo del artículo 39.7 LIS. Los incentivos de I+D+i responden a gastos y actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y tienen requisitos específicos. Por tanto, no son mecanismos equivalentes y cada uno debe analizarse conforme a su normativa.

La LIS contempla deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica en su artículo 35. Los porcentajes y requisitos varían según la naturaleza de la actividad y los gastos elegibles. Su aplicación debe analizarse atendiendo al proyecto y a las circunstancias del contribuyente.

Debe identificar a las partes y la producción, describir el presupuesto e indicar la financiación comprometida y su destino. Además, deben cumplirse los requisitos de documentación y comunicación previstos en el artículo 39.7 LIS, así como las condiciones aplicables a la producción.

Sí. En el régimen audiovisual, la deducción aplicable por el financiador no puede superar el 120 % de las cantidades aportadas. También deben respetarse los límites generales de aplicación de deducciones y las condiciones específicas de la operación.

Conviene conservar el contrato de financiación, los justificantes de las aportaciones, la documentación de la producción y los certificados exigibles, así como la documentación relativa a las comunicaciones realizadas ante la Administración tributaria. La documentación concreta dependerá de la estructura de la operación.

La Administración tributaria puede comprobar si se cumplen los requisitos legales y, si considera que la deducción no procede total o parcialmente, regularizar la situación tributaria. Las consecuencias dependerán de las circunstancias del caso y de los motivos de la regularización.

Se parte de la deducción generada por la producción y de la parte que puede aplicar el financiador, respetando el límite del 120 % de su aportación y los demás límites fiscales. Para estimar el beneficio efectivo, también deben tenerse en cuenta la cuota tributaria disponible y las condiciones económicas de la operación.

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